La situación sanitaria en el marco de la pandemia de COVID-19 agravó la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la provincia de Formosa. A la discriminación estructural, la pobreza y la falta de oportunidades se le sumó la violencia estatal que bajo el pretexto de minimizar el impacto de la pandemia incurrió en claras violaciones a los derechos de los pueblos originarios del centro-oeste formoseño.
En APCD publicamos este documento junto con EDIPA, Parroquia María de la Merced, Fundación Manos de Hermanos y Centro Barrial Enrique Angelelli. En estas páginas registramos distintas y graves situaciones de violación a los derechos humanos de las comunidades Wichí y Nivaĉlé, enmarcándolas en la desigualdad histórica que aqueja a estos pueblos en la provincia. Algunos de los hechos relatados incluyen detenciones y persecuciones arbitrarias, desconocimiento de paradero por varios días de grupos de personas, criminalización de la protesta social, maltrato policial, malas condiciones de aislamiento sanitario y detenciones restricción a servicios esenciales y hasta separación forzosa de una niña recién nacida de sus padres. Denunciamos el hostigamiento permanente de las fuerzas de seguridad y la falta de una perspectiva intercultural para construir consensos en el manejo de la situación sanitaria.
Concluimos realizando diferentes propuestas que, partiendo de la situación sanitaria, la excedan para ir construyendo un camino de más y mejores oportunidades de desarrollo para los pueblos indígenas, donde se cumplan sus derechos y tengan el protagonismo que merecen para forjar una sociedad diversa, inclusiva y democrática.
Sumate a esta causa, leé y difundí el documento. ¡Derechos para los pueblos indígenas ya!
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