Como es habitual y en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional, el presidente Alberto Fernández inauguró el período de sesiones ordinarias en el Congreso, con un discurso en el cual dio cuenta del estado general de la Nación y propuso la sanción de nuevas leyes. Hacia el final de la alocución, se mencionó brevemente a los pueblos indígenas. A continuación, detallamos las principales propuestas referidas a este colectivo así también como lo que aún falta hacer para garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios.
Propiedad de las tierras comunitarias
El presidente mencionó que durante el año 2020 se avanzó en la resolución de más de 50 situaciones de reconocimiento de posesión de tierras, de acuerdo a lo establecido en la ley 26160. Además, frente al vencimiento de dicha ley a finales de 2021, anunció que enviará un proyecto para prorrogarla.
Cabe aclarar que la ley 26160, sancionada a fines de 2006, prevé un relevamiento técnico-jurídico y catastral de las comunidades indígenas de la Argentina, con miras a iniciar un proceso de reconocimiento de la titularidad de las tierras que ocupan, además de suspender desalojos. Desde 2009 la ley es prorrogada sistemáticamente cada cuatro años, sin que el mencionado relevamiento haya sido finalizado. Tampoco han cesado los conflictos territoriales, los desalojos ni la violencia institucional, que ha cobrado víctimas fatales en distintas partes del país. En este escenario, una nueva prórroga de la ley es necesaria pero no suficiente; lo que es imperioso es concluir el relevamiento territorial, con participación plena de las comunidades, y poner freno a los desalojos y la violencia institucional.
Por otra parte, es urgente la sanción de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que reconozca el carácter especial de sus territorios y sus modos de ocupación y residencia. Dicha ley debe contar con la participación plena e informada de los pueblos indígenas, quienes tienen derecho a contar con tierras aptas y suficientes para su desarrollo. Sostenemos que esta iniciativa es la que podrá garantizar el derecho de los pueblos indígenas a vivir y desarrollarse en su territorio, lo cual permitiría apuntalar un crecimiento más armónico del país, de acuerdo al deseo expresado por el presidente de que cada persona “encuentre en la tierra en la que nace oportunidades para desarrollarse y ser feliz”.
Medioambiente y desarrollo sustentable
Alberto Fernández expresó su voluntad de crear seis parques nacionales en el país, con el objetivo de preservar la biodiversidad. Sostuvo además su compromiso con el Acuerdo de París, afirmó que “el desarrollo del futuro será verde o no va a ser”, y recordó la sanción de la Ley de Bosques Nativos a finales del año 2007.
Estas expresiones favorables, complementadas con el llamado a una “economía ética al servicio del desarrollo humano integral”, contrastan no obstante con la frecuente mención de proyectos de tipo extractivista, sumados a varias iniciativas en ese sentido aprobadas el pasado año. En particular la deforestación de bosques nativos continúa aumentando su ritmo desde el año 2015, y no cesó ni siquiera con las medidas sanitarias frente a la pandemia de COVID-19. Los extensos incendios forestales que tuvieron lugar en el año 2020, además de la demora en la sanción de una Ley de Humedales reclamada por vastos sectores de la ciudadanía, siembran un cono de duda respecto de la voluntad política de proteger al medioambiente e impulsar estrategias alternativas y comunitarias de desarrollo sustentable. Es urgente el estricto cumplimiento a nivel nacional y provincial de la Ley de Bosques Nativos, así también como la sanción de una Ley de Humedales y el castigo a quienes inician fuegos y deforestan sin los permisos correspondientes.
Derechos sociales
El mandatario Fernández se refirió a la compleja situación social y económica que atraviesa el país, reafirmando su compromiso con priorizar políticas públicas que atiendan las necesidades de las poblaciones más vulneradas. En ese sentido, afirmó que se debe “empezar por los últimos y últimas”, condenó “la marginalidad de la miseria” a la que se ven expulsadas millones de personas, afirmó que la vivienda construida por el Estado “es un acto de justicia y reparación”, que su gobierno “cuida y seguirá cuidando la mesa de los argentinos”, y que las políticas de cuidado de la infancia “son una prioridad”.
Nuevamente, estas declaraciones se ven ensombrecidas al analizar la situación que atraviesan muchos pueblos indígenas del país, especialmente en la zona del Gran Chaco. Solamente durante el verano de 2020, al menos una decena de niños y niñas Wichí falleció por causas asociadas a la desnutrición, complejizadas por la insuficiente e inadecuada atención médica de la zona. En la provincia de Formosa, los pueblos indígenas poseen tasas de hacinamiento y viviendas inadecuadas que duplican a las de la población no indígena, ya de por sí elevadas en relación con el promedio nacional. Es menester, por tanto, que las mencionadas políticas de cuidado y seguridad social incluyan específicamente a los pueblos indígenas, sistemáticamente relevados del acceso a derechos reconocidos para el resto de la población. En particular, es urgente acabar con el hambre y la desnutrición, desarrollar planes de vivienda -en articulación con la propiedad comunitaria de las tierras- y acabar con la miseria y la marginalidad social que implica.
Construcción de ciudadanía y violencia institucional
Durante la alocución presidencial, se registraron calurosos aplausos al referirse Alberto Fernández al reconocimiento que su gobierno da “a todas las voces e identidades que convivimos en la Argentina”, en referencia a los pueblos indígenas. En esta clave, llamó al conjunto del país a “construir el futuro a través del diálogo y el acuerdo” y a “generar un nuevo horizonte de ciudadanía”. Reiteró también su “inflexibilidad” ante los casos de violencia institucional, lo que complementa su alocución del pasado año en la que propuso desarrollar estrategias para terminar con la mirada estigmatizante, las acciones persecutorias y los discursos de odio contra los pueblos indígenas.
Celebramos el llamado a la construcción de un nuevo horizonte de ciudadanía, en el que la participación de los pueblos indígenas no puede faltar. Para ello, es imprescindible el diálogo intercultural que destierre definitivamente las miradas estigmatizantes y los discursos de odio. No obstante, consideramos que muchas de las promesas del año 2020 quedaron incumplidas. Las graves situaciones de violencia institucional perpetradas contra comunidades Qom en la provincia de Chaco y los discursos estigmatizantes y prejuiciosos emitidos por funcionarios de primera línea de la provincia de Buenos Aires se suman a las más recientes violaciones de derechos humanos en la provincia de Formosa a raíz del surgimiento de casos de COVID-19, donde se reprimió, se amenazó, se trasladó compulsivamente y se aisló intempestivamente, a veces con paradero desconocido, a muchos y muchas integrantes de los pueblos originarios. Este accionar, sumado al silencio cómplice de los organismos nacionales de Derechos Humanos en su condena, es insostenible y debe cesar de inmediato. No hay más lugar en Argentina para los discursos ni las prácticas de odio persecutorias que se ensañan, siempre, con los pueblos indígenas.
La deuda es con los pueblos indígenas
La alocución del señor presidente giró en torno a dos grandes temas: la pandemia de COVID-19, y la reestructuración de la deuda financiera del país con acreedores externos. Desde APCD consideramos que estos dos problemas hacen visible la trama de la desigualdad social que afecta especialmente a los pueblos indígenas. El empobrecimiento de las finanzas nacionales recae especialmente en quienes menos oportunidades tienen, a la vez que la pandemia desnuda la insuficiencia de los servicios de salud y reactiva mecanismos de control social que favorecen situaciones de violencia institucional contra los pueblos originarios. Es por eso que es urgente encarar políticas públicas que reparen, en todos los niveles del Estado y la sociedad, esta injusta desigualdad, a la vez que genere nuevos mecanismos de diálogo democrático entre los pueblos. Por ese motivo, afirmamos, frente a la pandemia de la discriminación: “señor presidente, la deuda es con los pueblos indígenas”.