El pasado viernes 5 de marzo la provincia de Formosa fue escenario nuevamente de hechos de violencia institucional. La decisión de las autoridades provinciales de retornar a la fase 1 en la capital provincial frente a un nuevo aumento de casos de COVID-19 desencadenó una manifestación violentamente reprimida por las fuerzas policiales. Este hecho mereció el repudio de amplios sectores sociales y políticos, incluyendo organismos internacionales de derechos humanos y autoridades del gobierno nacional.
Somos conscientes de que la pandemia de COVID-19 requiere extremar cuidados individuales y colectivos, pero la violencia institucional no es la forma. Lejos de apostar a salidas represivas, es necesario construir espacios de diálogo abiertos e interculturales que fortalezcan los cimientos de una sociedad democrática. La protección del derecho a la salud no puede hacerse sobre la base de conculcar otros derechos humanos.
Desde APCD condenamos la violencia institucional y llamamos a tender puentes hacia un diálogo amplio con todos los sectores sociales. Es necesario incluir especialmente la perspectiva de los pueblos indígenas. Estas comunidades también han sufrido violencia institucional en las últimas semanas a raíz del accionar represivo frente a la llegada del COVID-19 a la provincia. Sólo a través del diálogo democrático será posible hacer frente a la pandemia y reforzar los lazos sociales y comunitarios, indispensables para la vida democrática y en paz.
Foto: Agencia Télam