Encuentro de comunidades wichí en Laguna Yema (Formosa)
En el último cuarto del siglo XX, los pueblos indígenas del mundo ganaron un creciente protagonismo como sujetos de derechos. Tanto en el ámbito internacional como en Argentina los Estados comenzaron a reconocer las omisiones y atropellos históricos en los que habían incurrido contra estos pueblos, y a dictar tratados, acuerdos y leyes que reparasen estas injusticias y promoviesen su desarrollo. A diferencia de los anteriores enfoques que se proponían asimilar a las comunidades originarias a las sociedades no indígenas, la nueva perspectiva partió del respeto a la diversidad de estos pueblos entendida como un derecho a vivir de acuerdo a su cultura y cosmovisión.
En el ámbito internacional, el instrumento legal más reconocido es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de los pueblos originarios al acceso y propiedad comunitaria de sus tierras, a recibir una educación intercultural que preserve sus valores y tradiciones, y a contar con una formación y contratación laboral en condiciones dignas y de igualdad con el resto de la población. Por otra parte, la Declaración Americana de los Derechos Indígenas, sancionada en 2016, garantiza a los pueblos originarios la libre autodeterminación de su desarrollo, la propiedad comunitaria de sus tierras ancestrales, la educación de acuerdo a su propia cultura, espiritualidad y lenguas, la consulta informada respecto de las acciones estatales que incidan en su territorio, y el acceso equitativo a los sistemas escolar, sanitario, laboral y judicial respetando sus tradiciones.
En Argentina, desde la recuperación democrática en 1983, se ha avanzado también en el camino del reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. Durante la década de 1980, varias comunidades del país fueron reconocidas legalmente, y se iniciaron acciones, lamentablemente poco sistemáticas, para otorgarles la propiedad comunitaria de sus tierras. El principal hito en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas fue la reforma de la Constitución Nacional en 1994, que otorgó rango constitucional a los tratados de derechos humanos internacionales ratificados por el país y reconoció la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas. La reforma garantiza el respeto a la identidad y la cultura de estos pueblos, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la propiedad comunitaria de las tierras históricamente habitadas por ellos y su participación en el manejo de los recursos naturales.
Posteriormente, en el año 2006 se sancionó la Ley 26160 que declaró la emergencia en materia de posesión y ocupación de tierras indígenas, suspendiendo los desalojos y ordenando la realización de un registro de todas las tierras comunitarias con el fin de otorgarles la propiedad definitiva a las comunidades. En 2007, la Ley 26331 de Bosque Nativo reconoció a los pueblos indígenas el derecho a ser consultados en lo referente a la gestión de los bosques de las áreas donde residen. Desde una perspectiva cultural, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 otorgó frecuencias de televisión y radio a varias organizaciones indígenas y promovió el uso de sus lenguas así como la producción de información oficial en estos idiomas. El Censo Nacional de Población del año 2010 incorporó por primera vez una pregunta referida a la pertenencia a los pueblos indígenas; esto permitió relevar la presencia de casi un millón de personas que se reconocen como parte de estos pueblos, lo que equivale al 2,4% de la población nacional. Por otra parte, algunos fallos judiciales, tanto de instancias nacionales como internacionales, condenaron al Estado argentino por varias masacres perpetradas contra los pueblos indígenas, obligándolo a realizar diferentes medidas de reparación.
Pese a estos avances, complementados por algunas regulaciones provinciales y municipales, es mucho lo que falta hacer. En efecto, no solamente es necesario sancionar nuevas leyes que reconozcan y amplíen derechos, sino que es imprescindible hacer cumplir las normas que ya existen y se caracterizan por un nivel alarmantemente bajo de ejecución. En especial, las leyes que hacen referencia a la posesión de las tierras comunitarias son las que menos se han cumplido, y es en este campo donde más conflictos hay, con intervenciones judiciales y lamentables episodios de represión y violencia estatal y paraestatal. La Ley 26160 establecía un plazo de tres años para hacer el relevamiento definitivo de tierras, plazo que venció en 2009 y se viene prorrogando por sucesivas leyes sin que se haya llevado adelante más del 30% del trabajo necesario; esto mantiene la precariedad de la situación de las comunidades indígenas. Por su parte, la deforestación y degradación ambiental continuaron facilitadas por regulaciones provinciales muy laxas que alientan los desmontes, pese a la vigencia de la Ley de Bosques Nativos.
Además, es necesario seguir impulsando y fortaleciendo los derechos culturales de los pueblos indígenas, en especial, los lingüísticos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se ejecutó de manera muy parcial, y falta información relevante acerca de las lenguas que se hablan en el territorio nacional. Por otra parte, la gran mayoría de los y las integrantes del Poder Judicial, así también como de los efectores de salud y agencias de seguridad social no poseen una formación intercultural que les permita trabajar adecuadamente con los pueblos indígenas, lo que perpetúa situaciones de discriminación y violencia institucional.
Desde APCD llevamos adelante numerosos proyectos, investigaciones y asesorías con los pueblos Wichí y Nivaĉlé de la provincia de Formosa para contribuir a su desarrollo sustentable. Exigimos además el cumplimiento de las leyes que reconocen sus derechos, y el debate y aprobación de otras que amplíen sus posibilidades de desarrollarse de manera sustentable en el marco de una sociedad culturalmente diversa.
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Fuentes:
APCD // OIT // Declaración Americana de Derechos Indígenas //Constitución Nacional de 1994 // Ley 26160 // Ley 26331 // Ley 26522 // Censo Nacional de Población, año 2010