La Ley 26160 fue sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2006 con amplia mayoría legislativa y consenso social. Establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades originarias del país.
Es un paso para cumplir con la Constitución Nacional que obliga al Estado a reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y a otorgarles tierras aptas y suficientes para su desarrollo.
Puntualmente, la ley 26160 declara la suspensión de todos los desalojos de aquellas comunidades que se encuentran en litigio. En el año 2006 fijó un plazo de tres años para realizar el relevamiento de todas las tierras en las que habitan las comunidades. Esto apuntaba a garantizar la titularidad definitiva a nombre de las comunidades.
Luego de 15 años de sancionada la ley y tras cuatro prórrogas, dicho relevamiento no ha llegado aún al 50% de las tierras en cuestión. Por ello, el incumplimiento de esta ley es una vulneración de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Una de las consecuencias más dramáticas consiste en que las comunidades se ven expuestas a desalojos que afectan su derecho a la vivienda.
En APCD realizamos una continua labor de capacitación en herramientas de relevamiento con las comunidades de la provincia de Formosa para fomentar el protagonismo de los pueblos en la defensa de sus derechos. Por ello, defendemos la plena vigencia de la ley 26160 y su efectivo cumplimiento, ante los intereses contrarios que abogan por una sociedad con menos derechos. Además reclamamos que se sancione una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que con la participación intercultural de las comunidades, les otorgue definitivamente la titularidad de sus tierras de acuerdo a su modo tradicional de vida.
Nuestra causa es la de una sociedad más diversa y justa, donde todos y todas tengan el lugar que les corresponde, y por ese motivo seguiremos defendiendo los derechos conseguidos y luchando por los que aún faltan.