Los pueblos indígenas tienen reconocidos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, una gran cantidad de derechos individuales y colectivos. Sin embargo, en Argentina persiste una brecha entre la legislación y la realidad, por lo que actualmente los pueblos indígenas del país son uno de los grupos más desprotegidos y vulnerados de la sociedad.
Las comunidades originarias tienen derecho a recibir una educación bilingüe e intercultural, que les permita revitalizar su cultura de origen además de desenvolverse adecuadamente en el ámbito de la sociedad no indígena. Está reconocida su preexistencia al Estado nacional, por lo que tienen derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que ancestralmente ocupan. Por otra parte, gozan junto con el resto de la población del derecho a un medioambiente sano y sustentable, que satisfaga las necesidades de desarrollo actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Lamentablemente, muchos de estos derechos no están asegurados en la práctica para estos pueblos. Si bien hubo avances en materia de educación intercultural y bilingüe, más del 87% del pueblo Nivaĉlé no completó la educación primaria, numerosos servicios de salud, seguridad y asistencia social incurren en prácticas discriminatorias y de violencia institucional, y escasea la información oficial en lenguas indígenas. Por otra parte, el relevamiento de las tierras indígenas avanzó a un ritmo muy lento desde su aprobación en 2009, y no se cuenta con una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que lo asegure. Además, la deforestación y otras prácticas extractivas continúan degradando el medioambiente en el que viven estas comunidades, generando enfermedades, pobreza y emigración.
Desde el año 1986, APCD desarrolla una sostenida labor en la defensa y promoción de los derechos de estos pueblos. Impulsamos talleres y prácticas artísticas que recuperan las tradiciones y cultura de los pueblos Wichí y Nivaĉlé como sujetos activos que resisten en el presente y construyen una sociedad más diversa; asesoramos en la demarcación y relevamiento de las tierras comunitarias en las que estos pueblos viven, e impulsaremos próximamente una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena; desarrollamos e impulsamos investigaciones sobre el impacto ambiental de las prácticas extractivistas, a la vez que capacitamos y apoyamos la formación de emprendimientos sustentables.
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