Los humedales son zonas de tierra inundadas de manera permanente o temporaria. En ellas se desarrolla una gran biodiversidad. Se calcula que alrededor del 40% de las especies del planeta vive o se reproduce en los humedales. Estas áreas además son los ecosistemas que más carbono retienen y actúan como reservorios de agua dulce. Por eso, son vitales en la lucha contra el cambio climático.
En Argentina hay 600.000 kilómetros cuadrados de humedales que representan más del 20% del territorio nacional. Sin embargo, el país no cuenta con una ley que los proteja. Esto se debe a la oposición de los sectores concentrados agroganadero, minero e inmobiliario, que avanzan sobre los humedales para expandir la frontera agrícola o construir emprendimientos que destruyen los ecosistemas naturales. Es así como varios proyectos de ley quedaron sin aprobarse entre el año 2013 y la actualidad debido al bloqueo en el Congreso. Ni siquiera las movilizaciones populares de 2020 y 2021 a raíz de los incendios en el Delta del Paraná logró torcer las voluntades parlamentarias.
En los últimos días, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, anunció el próximo envío de un nuevo proyecto de ley al Congreso. Sin embargo, persisten las dudas ya que la nueva iniciativa delegaría la protección de los humedales en las provincias. Esto permite que, al igual que con la Ley de Bosques, los controles sean ineficientes y se termine favoreciendo a los sectores que depredan los territorios comunes.
Quienes defienden el medioambiente coinciden en que una ley efectiva de protección de los humedales tiene que contemplar la posibilidad de hacer un uso respetuoso y sustentable de dichas zonas. Además debe contar con presupuesto suficiente para su ejecución. Otro punto importante es la participación ciudadana y el mapeo colaborativo de las zonas, que permita integrar saberes locales. Por último, la perspectiva de género es fundamental, ya que son las mujeres de las comunidades locales quienes más afectadas se ven por la degradación ambiental y quienes más luchan contra ella.
Desde APCD apoyamos el tratamiento y sanción de una Ley de Humedales participativa, inclusiva y diversa culturalmente, que resguarde el derecho al medioambiente de los pueblos indígenas. Estas comunidades tienen mucho para aportar en la defensa del bien común. Sus saberes son muy valiosos para el diseño e implementación de políticas públicas que velen por los derechos de todos y todas.