El 11 de agosto de 1994 se sancionó la reforma constitucional en la que se incorporó el artículo 75, inciso 17, que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios del territorio argentino”. La modificación garantiza el respeto de la identidad y cultura de estos pueblos, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la propiedad comunitaria de las tierras históricamente habitadas por ellos y su participación en el manejo de los recursos naturales.
Si bien ha habido mejoras en la situación de las comunidades indígenas desde esa fecha, el Estado y la sociedad mantienen una deuda con los pueblos originarios. Las muertes de niños y niñas wichí por desnutrición a principio de año, sumado al recrudecimiento de la violencia institucional y civil contra distintos pueblos indígenas en el marco de la pandemia por COVID-19, demuestran que falta un largo camino por recorrer hacia la igualdad de derechos y oportunidades. En particular, es imperioso garantizar seguridad y soberanía alimentaria a estos pueblos, a través del efectivo cumplimiento de la Ley de Bosques, el cese de los desmontes y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras. También deben mejorarse los servicios de salud existentes en sus zonas de residencia, incorporar la perspectiva intercultural en todas las instancias estatales, y realizar campañas de sensibilización respecto de sus derechos.
Desde APCD trabajamos para avanzar en este camino de mayores garantías y posibilidades de desarrollo para los pueblos originarios, y reclamamos que se cumplan efectivamente los derechos ya reconocidos y los que falta por lograr. La deuda es con los pueblos originarios.