El gobierno nacional derogó la Ley 26.160 conocida como Ley de Emergencia Territorial Indígena y el decreto N°805 que la mantenía vigente a través de otro decreto en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El gobierno nacional derogó la Ley de Emergencia Territorial 26.160 y el decreto N°805
Una vez más se confirma el descaro, la impunidad, la intención de atropellar, de invisibilizar a los pueblos originarios. Esta vez mediante el decreto N° 1083, publicado en el boletín oficial informativo, el gobierno nacional derogó la ley 26.160, conocida como Ley de Emergencia Territorial Indígena, que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, así como el decreto N° 805.
En el Día de la Recuperación Democrática y al cumplirse exactamente un año desde que asumió la presidencia Javier Milei, vemos la urgencia de impedir que se sigan cometiendo actos de violencia contra los pueblos indígenas. Entendemos a esta medida como un claro mensaje de no reconocimiento de la historia de nuestro territorio y de los pueblos nativos, así como también el descaro de comunicar la ausencia del Estado Nacional en materia de derechos humanos.
Qué pasó durante los 18 años de vigencia de la Ley 26.160
La ley 26.160 fue sancionada en el año 2006. La ley tenía presupuesto propio y en los inicios tenía un plazo de cuatro años de duración, pero mediante nuevas leyes sancionadas por el Congreso Nacional fue extendiendo su vigencia. Durante el gobierno de Alberto Fernandez no hubo quórum para prorrogarla nuevamente, por lo que se había extendido su vigencia mediante el decreto 805.
En sus 18 años de vigencia solamente avanzó y terminó las carpetas de relevamiento técnico, jurídico y catastral del 50 por ciento de las comunidades del país. En Formosa el panorama es todavía más desolador: de 169 comunidades registradas solamente una tiene el relevamiento terminado.
Esta situación pone a las comunidades originarias en una situación de indefensión frente a la falta de respuesta y la desidia del estado a través de los años y durante los gobiernos que estuvieron al mando mientras estuvo vigente.
El panorama muestra a las claras que apesar de contar con una ley de carácter nacional, con un presupuesto propio, los distintos gobiernos no le dieron potencia a la ejecución de la misma y por lo tanto, no acompañaron las luchas de las comunidades indígenas debidamente.
No es la primera vez
Ya el 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural, en un comunicado oficial tanto en video como en un boletín, el gobierno nacional manifestó su reivindicación a la colonización española, invisibilizando deliberadamente el genocidio a los pueblos indígenas de América.
En su comunicado marcaba un retroceso en materia de derechos humanos. Volvía a llamar «Día de la raza» y describía al proceso colonizador como un «contacto entre Europa y América».
En los últimos meses dio dos señales más de su posicionamiento frente a los derechos de los Pueblos Indígenas: en octubre de este año derogó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas , la Resolución 4811/96 que formaba parte del compromiso constitucional a partir de la reforma de 1994 a través de su artículo 75, inciso 17.
En los últimos días, en la Asamblea General de la ONU, el gobierno votó en contra de una resolución que apoyaba y reconocía las luchas de los Pueblos Indígenas. Cabe destacar que fue el único país que tuvo un voto negativo.
Desde APCD nos oponemos firmemente a estos actos de violencia, insensibilidad y abandono sistemáticos. Exigimos una respuesta al gobierno nacional sobre la situación territorial de las comunidades originarias en el país.
¡Sigamos unidos defendiendo el respeto a una sociedad multicultural!