El “no-trabajo”. Esa es la definición que dio el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) en el día de ayer, mientras anunciaba el cierre de esta institución en una conferencia por el cumplimiento de los 100 días del gobierno actual.
El INAFCI pasará de ser un instituto a una dirección, que reducirá su planta de trabajo de 964 empleados a solo 64, restándole la importancia que tenía anteriormente y dejando a 900 personas sin trabajo en un contexto de hambre y crisis. Esta decisión además desprotege los derechos de las comunidades rurales, entre las cuales se encuentran las comunidades indígenas.
Según el gobierno actual y en palabras de Adorni, el argumento detrás de esta decisión es que “Se van a reducir 900 puestos de no – trabajo. Tenía 160 delegaciones, dos sedes, uno de cada tres empleados eran delegados, tenía 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. Casi una agencia de empleo político”.
Este argumento, lejos de dejar en claro un exceso de gasto público, evidencia que la prioridad del gobierno es la motosierra: la clausura de instituciones autárquicas y descentralizadas en pos del ahorro nacional.
¿Qué implica este cierre?
La institución funcionaba como tal desde el 2022, cuando a través del decreto 729/2022 se lo declaró como un ente autárquico y descentralizado dentro del entorno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, como lo anunciaban en su perfil de Twitter (hoy X). Sin embargo su historia comenzó en 1993, como Programa Social Agropecuario (PSA) funcionando como una herramienta de mejora en las condiciones sociales de las comunidades rurales, en un trabajo conjunto entre el Estado y los productores. Por presión de las instituciones como APCD, se logró incluir el programa aborigen incluyendo a las poblaciones indígenas dentro de este programa. 
Actualmente cumplia el rol de entender en materia de políticas y planificación cómo fortalecer la práctica agropecuaria, fomentar programas de construcción, ampliación y de hábitat rural, acceso al agua y defensa de los territorios indígenas.
La sociedad que buscamos no está del lado de la clausura
Como organización que acompaña a las poblaciones indígenas, creemos que la decisión de cerrar instituciones no es la salida, por el contrario, produce una quita de derechos sin un plan claro de acción. En este sentido, vemos que el problema es conceptual: ante la ineficiencia de gestiones anteriores, la respuesta del gobierno debe ser la de fortalecer el Estado, mejorando el funcionamiento y la transparencia de las instituciones, que como el INAFCI, son autárquicas, descentralizadas y no partidarias. En definitiva, estamos yendo en la dirección equivocada.
Hoy más que nunca expresamos firmemente nuestra solidaridad con los empelados despedidos y continuamos reclamando una necesidad urgente: la salida es colectiva y para eso el modelo de país que se nos viene no puede ser el modelo en el que las personas estén valuadas según el mercado, sino una sociedad inclusiva, plural, donde la prioridad sea que los grupos sociales vulnerables, las disidencias y los grupos diversos puedan pensar y vivir libre y dignamente.