Comunidad wichí La Loma, Salta. Imagen: Infobae.
Durante el primer mes de este año, al menos siete menores de edad de comunidades wichí de las provincias de Salta y Chaco fallecieron por trastornos médicos asociados a la desnutrición y deshidratación. De acuerdo a líderes de las comunidades afectadas, la cifra sería aún más alta y abarcaría también a mujeres embarazadas y parturientas.
Lejos de la mirada oficial que pretende responsabilizar a los padres de las criaturas fallecidas, las causas de este desastre humanitario se relacionan con el agronegocio que desde fines de la década de 1990 promueve el desmonte de millones de hectáreas de bosques nativos. Se calcula que al menos 1.200.000 hectáreas fueron deforestadas en los últimos 10 años, a una tasa del 2,5% anual, la más alta de todo el mundo y cinco veces superior al promedio de América Latina. Los desmontes tienen como objetivo expandir la frontera agropecuaria para la plantación de soja y otros cereales, los que, además, son fumigados con el doble de agrotóxicos que los que se utilizan en la zona central del país para que su rendimiento sea rentable.
La deforestación priva de su hábitat a las comunidades originarias, principalmente la wichí, que tienen una población de alrededor de 100.000 personas. Sin su lugar de residencia ancestral, los pueblos se ven obligados a vagar errantes por terrenos desmontados donde no consiguen agua ni alimento para ellos ni para sus animales, lo que provoca enfermedades relacionadas con la desnutrición.
La situación se agrava considerando el destrato oficial hacia los miembros de las comunidades. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional de Salta, solo el 30% de las comunidades tienen acceso a un centro de salud, y solo el 40% tiene escuelas. En algunas poblaciones, la cantidad de médicos es diez veces menor a la sugerida por la Organización Mundial de la Salud. Los hospitales de las ciudades más cercanas suelen no tener médicos de guardia disponibles, y su personal es insuficiente para atender la magnitud de la crisis, además de que tiene dificultades para comprender el idioma y la cultura propias de los pueblos. Un caso extremo es el del niño que murió en una ambulancia rota en medio de la ruta, luego de que sus problemas de salud fueran sistemáticamente minimizados por los médicos que lo atendieron. Algunos médicos denunciaron incluso que hay presiones políticas para no consignar que las muertes se deben a la desnutrición.
La magnitud de la crisis exige una pronta respuesta conjunta que ataque las raíces de este desastre. Existen convocatorias a profesionales solidarios para realizar pasantías en la zona, y se está reclamando a Médicos Sin Fronteras que intervenga en la región.
Desde APCD nos sumamos al reclamo por la inmediata resolución de la crisis humanitaria desde una perspectiva multicultural, la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, y exigimos también el cumplimiento de la Ley de Bosques y el cese de los desmontes.
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