Una comunidad indígena resiste desde hace años los intentos de desalojo de sus tierras ancestrales, perpetrados con el argumento de un título de propiedad falso. En lugar de contemplar sus derechos, la justicia formoseña los criminaliza para apoyar el despojo.
Silverio Moreno se acerca rengueando y estrecha la mano con fuerza, como siempre. No rengueaba hace cuatro años, en uno de los momentos más duros de la resistencia al desalojo de la Comunidad wichí Campo del 20. Hace dos años lo atropelló una camioneta. Para la Justicia formoseña fue un simple accidente. Que el conductor del vehículo fuera el abogado Ramón Juárez – precisamente el que inició la causa para desalojar a los wichí de sus tierras – no le llamo la atención al juez; tampoco le pareció relevante que se diera a la fuga después de llevárselo puesto. Por eso Moreno ya no camina como antes, pero estrecha la mano con la misma firmeza con que defiende sus derechos sobre la tierra.
La denuncia contra el abogado Juárez sigue dormida en los tribunales de Las Lomitas. Es una más entre las 17 que le hicieron los wichí de Campo del 20 y que nunca prosperaron. En cambio, Moreno debe enfrentar, casi sin auxilio jurídico, las ocho causas que le iniciaron por usurpación, resistencia a la autoridad y otros supuestos delitos que no recuerda. Cuenta que hace apenas unos días vino una camioneta de la policía y que le hicieron tocar el pianito ahí mismo, en la Comunidad, delante de todos. Dice también que no supo si podía negarse.
No es el único encausado de Campo del 20, también están procesados el cacique Abel Saravia, Bernardino Martínez, Isidoro Castillo y otros referentes comunitarios que se resisten a perder sus tierras ancestrales. Las denuncias también alcanzan a algunos integrantes de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), una ONG que los asiste en sus reclamos.
Campo del 20, también conocida como Pampa del 20, es un caso modelo de la criminalización de los reclamos indígenas en Formosa. Al acoso judicial que sufren sus habitantes se suma el deliberado abandono a que los somete el Estado provincial. Los wichí de la Comunidad no están incluidos en los planes sociales, no reciben gasoil para trabajar la tierra – una tierra que hasta hace poco tenían prohibido arar por una medida judicial que ya caducó -, no les dan semillas para cultivar y el gobierno se niega a hacerles llegar los cables de luz. Tampoco tienen sala de primeros auxilios ni escuela, aunque la Comunidad cuenta con un enfermero y un docente bilingüe. Cada vez que exigen al gobierno la construcción de las instalaciones, la respuesta se repite: no se las darán hasta que se resuelva la situación judicial.
“No nos dejan ver la causa. Teníamos abogado, pero ahora no tenemos porque se tuvo que ir a Formosa por problemas de la familia. La medida de no innovar se venció, pero a nosotros no nos cambió nada en lo real. Ellos se siguen arreglando con el gobierno, con la Justicia y la policía”, dice el cacique Abel Saravia.
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Campo del 20 está a menos de veinte kilómetros de Las Lomitas, en el centro geográfico de Formosa. Hacia 1919 el territorio wichí donde está ubicada sumaba veinte mil hectáreas, a uno y otro lado de la ruta nacional 81. Las fueron perdiendo de a poco, en un proceso inexorable de ocupación orquestado por sucesivos gobiernos, empresas y criollos – o blancos, como también los llaman – usurpadores. Hoy les quedan apenas quinientas hectáreas que están en litigio.
El caserío está junto a los terrenos del antiguo cementerio indígena, que es a la vez una prueba de sus derechos ancestrales. Es una tierra árida, polvorienta, donde se levantan unos treinta ranchos. Las paredes son de barro y los techos de paja. Algunos pocos tienen también unas pequeñas galerías armadas con palos que sostienen chapas de cartón. Las lonas y los plásticos, desplegados entre palo y palo, los ayudan a protegerse de un sol que llega a pegar muy fuerte, de las lluvias – que escasean, sobre todo este año, cuando la región central de Formosa sufre una seca -, pero más que nada del polvo que castiga levantado por el viento. Esos terrenos son la única tierra que les queda y que está en peligro.
La falta de una escuela en la Comunidad no sólo obliga a los chicos a estar separados de sus familias de lunes a viernes sino que provoca otros problemas. La ausencia de niños durante la semana le da un argumento más a los usurpadores de la tierra wichí: si en Campo del 20 no hay menores de edad es más fácil desalojar a sus habitantes.
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La maniobra de usurpación está sostenida por un boleto de compra venta, fechado en 2001, mediante el cual un tal Oscar Peña (DNI 8.220.148) traspasó esas quinientas hectáreas a la ya fallecida Carmen Raquel Chávez (LC 5.577.575), representada legalmente por el abogado Ramón Juárez (DNI 10.869.177), marido de Haydeé, la hermana de Carmen Chávez. Pero a Oscar Peña no lo conoce nadie, ni tampoco hay – hasta donde el cronista pudo averiguar – otro documento que ese boleto de compra venta con el cual se demuestre que era el propietario de las tierras. “No sabemos quién es, pero no es wichí. Entonces nunca pudo ser dueño”, dicen los representantes de la Comunidad. Basado en esa documentación – y a partir de una denuncia del abogado Juárez -, en 2013 el juez formoseño Sergio Rolando López ordenó el desalojo. La comunidad Campo del 20, representada en aquel momento por un abogado de la Asociación Civil por los Derechos Indígenas (Adepi) – una ONG cristiana con sede en Las Lomitas –, presentó una apelación que todavía no está resuelta.
La resistencia wichí es pacífica, sin violencia alguna, ni siquiera con la justa violencia a la que tienen todo derecho los aplastados. En 2013, cuando la policía llegaba todos los días para intimidarlos y el desalojo por la fuerza parecía inminente, la Comunidad colgó un cartel pintado entre dos árboles que decía: “No queremos una segunda Primavera”. La consigna se refería a la violenta represión del 23 de noviembre de 2010 al corte sobre la Ruta Nacional 86 hecho por indígenas de la Comunidad qom Potae Napocna Navogoh, liderados por el cacique Félix Díaz, para evitar el desalojo de sus tierras. Ese día, las balas policiales se cobraron la vida de Roberto López, uno de los qom que participaban de la protesta. “Dicen que somos violentos. Si fuéramos como ellos dicen hubiéramos peleado por las veinte mil hectáreas que nos quitaron. Y nosotros queremos estas quinientas. Queremos el cementerio, para que no lo aren más sobre nuestros antepasados, y queremos esta tierra para vivir. No es de ellos, es nuestra”, explicaba por entonces, señalando el cartel, el wichí Bernardino Martínez, otro de los referentes de Campo del 20.
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La existencia del cementerio ancestral no es la única prueba material que los wichí tienen demostrar sus derechos ancestrales sobre los terrenos de los cuales quieren desalojarlos. Una serie de imágenes de indígenas de la etnia wichí registradas por la fotógrafa alemana Grete Stern el 18 de agosto de 1964 en la provincia de Formosa suma una prueba de inobjetable valor al reclamo territorial de los habitantes de Campo del 20.
Las fotografías son reveladoras de la continuidad de los wichí en las tierras de las cuales hoy pretenden desalojarlos mediante una maniobra judicial espuria. En ellas se puede ver, por ejemplo, al pequeño Silasku, cuyo nombre en castellano es Mario Castillo. Hoy este hombre de más de cincuenta años es uno de los pobladores que reclaman esa tierra. Grete Stern también registró imágenes de Nakw, o Féndico Nieves. En una de ellas lleva a un niño en brazos. Ese niño es Isidoro Castillo, uno de los procesados de la Comunidad. En la serie hay alrededor de diez casos similares. Las fotografías de Grete Stern, con todos sus protagonistas identificados, fueron incorporadas a la causa que llevan adelante para poder permanecer en esas tierras que les pertenecen por derecho ancestral.
También presentaron el trabajo del antropólogo José Braunstein realizó sobre las fotografías de Grete Stern. Allí dice: “Una estimación conservadora permite afirmar que el patrimonio fiduciario de los wichí de esta zona se extendía sobre más de 250.000 hectáreas; desde el Bermejo, donde pasaban el invierno aprovechando la abundancia de pescado, hasta los algarrobales del interior, ubicados en una franja que coincide aproximadamente con la Ruta 81. Obviamente cuando se produjo la ocupación del área por parte de estado nacional y comenzó el ejercicio efectivo de la jurisdicción argentina, los indígenas fueron desposeídos de su territorio, el patrimonio indígena fue desconocido y este pueblo se vio obligado a establecerse en espacios muchísimo más reducidos: la aldea a la que llegó la fotógrafa era por entonces uno de los enclaves principales de este pueblo. En la década de 1930 la ‘Comisión honoraria de reducción de indígenas’ dependiente del Congreso de la Nación había creado la Colonia Francisco Javier Muñiz que incluía al Lote 20. A partir de entonces había pasado a conocerse como ‘Colonia 20’, en tanto que hoy, cuando el proyecto de colonización ya ni se recuerda, el lugar se conoce como ‘Pampa del 20’”.
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Comienza a llover desde el cielo de Campo del 20 y el cacique Abel Saravia invita a refugiarse debajo del tinglado comunitario. Allí, sobre una mesa, despliega una serie de ajadas carpetas tamaño oficio donde ha organizado todos los papeles que tienen que ver con la causa que exige el desalojo de la comunidad. Los títulos de sus portadas son reveladores del arsenal judicial con que se los bombardea: “Orden desalojo Comunidad Ancestral Pampa del 20”, “Cedula de notificación”, “Expedientes varios”, “Documentación y certificaciones varias de la Comunidad Ancestral Pampa del 20”, “Medida cautelar”, “Constancia de relevamiento territorial Ley N° 26.160 (N. de la R.: se refiere a la ley nacional de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas originarias)”, “Planteos de nulidad y resoluciones”, y siguen los títulos.
“Ahora hicieron el relevamiento de las tierra, pero no nos informaron, no nos dejan saber wué hicieron. Somos 26 familias las que estamos acá, esperando”, dice Saravia. Criminalizados por sus reclamos, casi sin asistencia legal idónea, abandonados intencionalmente a su suerte por el Estado provincial, los wichí de las Comunidad Campo del 20 siguen resistiendo. En el momento de la despedida, Silverio Moreno vuelve a estrechar la mano con firmeza y, prolongando el apretón dice, mientras mira a los ojos:
– No importa que nos hagan. Cuando vuelva otra vez nos va a encontrar acá.
La frase recuerda a otra, dicha cuatro años atrás por Bernardino Martínez, otro de los referentes de la Comunidad:
– No nos vamos a ir. Cadáver nos van a sacar de acá.
La lluvia arrecia sobre las tierras ancestrales de Campo del 20.
Nota publicada en Socompa, por Raúl Cechini