Desde APCD, manifestamos nuestro más firme rechazo a la decisión del gobierno argentino de votar en contra de la resolución de la ONU destinada a proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Argentina ha sido el único país en el mundo en oponerse a esta medida, respaldada por 168 naciones, que representa un paso esencial para garantizar la justicia, la preservación ambiental y la continuidad de las culturas originarias. Este acto desconoce derechos humanos fundamentales, compromisos históricos asumidos y tratados internacionales que el propio Estado argentino ha suscrito en defensa de los pueblos indígenas, de sus territorios y principalmente la vida y las luchas de los propios pueblos indígenas.
La resolución insta a los Estados a respetar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios, recursos y su desarrollo, basándose en el principio de consulta libre, previa e informada. Al oponerse, Argentina no solo da la espalda a los derechos colectivos de los pueblos originarios, sino que abre la puerta a la explotación desmedida y a la degradación de los territorios por actores externos que no valoran ni respetan la tierra. Esta posición favorece a grupos económicos y corporaciones extranjeras que ven en estos territorios únicamente oportunidades de lucro, ignorando el impacto devastador en las comunidades indígenas y el medio ambiente, que también se cristaliza en la abstención del estado argentino en la votación de Naciones Unidas del Pacto del Futuro que procura esfuerzos para un desarrollo sostenible. Este voto en contra, se suma a la abstención dada por Argentina en la ONU al Pacto del Futuro sobre derechos ambientales y otros.
Argentina ha incumplido compromisos con acuerdos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, desconociendo el derecho de estas comunidades a proteger sus instituciones, culturas y medios de vida. Esta decisión, alineada con una política exterior que prioriza intereses ecoúnico país en el mundo en oponerse a esta medida, respaldada por 168 naciones, que representa un paso esencial para garantizar la justicia, la preservación ambiental y la continuidad de las culturas originarias. Este acto desconoce derechos humanos fundamentales, compromisos históricos asumidos y tratados internacionales que el propio Estado argentino ha suscrito en defensa de los pueblos indígenas, de sus territorios y principalmente la vida y las lnómicos, socava la soberanía nacional y refleja una amenaza directa al modelo de desarrollo sustentable y participativo que estos pueblos defienden y construyen en sus territorios.
Expresamos nuestra profunda preocupación por las consecuencias de este voto, que deja a los pueblos indígenas aún más vulnerables ante prácticas abusivas, desalojos forzosos, y el saqueo de sus recursos naturales. Esta postura que se acompaña de un discurso violento y discriminador, acompañada de un discurso violento, discriminador y sesgado, no sólo fomenta la violación de derechos fundamentales, sino que mina el propio tejido social de nuestro país y pone en riesgo el equilibrio ambiental de regiones enteras, vitales para la biodiversidad y el futuro de todos los habitantes.
Exigimos al Estado argentino que reconsidere su posición y vuelva a alinearse con los principios de respeto y justicia para los pueblos indígenas, comprometiéndose a la defensa de sus derechos y de sus territorios. Solo así se podrá construir un país inclusivo, donde las voces de quienes han habitado y cuidado estas tierras durante milenios sean escuchadas y respetadas.
YA ES HORA.