La Constitución Nacional y diversos tratados internacionales reconocen a los pueblos indígenas el derecho de contar con tierras aptas y suficientes para su desarrollo. La propiedad de estas tierras debe ser otorgada preferentemente de manera comunitaria y ha de respetar los modos tradicionales de ocupación de los pueblos. Además, el Estado los debe consultar y permitir su libre decisión respecto de cualquier intervención en sus territorios.
En el año 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas. Esta normativa obligaba al Estado a efectuar un relevamiento participativo de todas las tierras y disponía la suspensión de todos los desalojos en curso. Se preveía que el relevamiento duraría tres años. Además, se entregaría a cada comunidad una «carpeta técnica» que acreditaría su derecho a la titularidad de las tierras.
Lamentablemente, 15 años después de la sanción de la ley, solamente se relevó el 42% de las tierras en cuestión. Por otra parte, el Poder Judicial de muchas provincias la incumple sistemáticamente al disponer desalojos a las comunidades. La última prórroga de la norma vence en noviembre de este año, y su discontinuidad agravaría aún más la situación de los pueblos indígenas al interrumpir definitivamente el relevamiento y dejar abierta la posibilidad de más desalojos. Es por eso que urge que el Congreso sancione nuevamente una prórroga, y, sobre todo, que el Estado concluya definitivamente el relevamiento.
La importancia de la Propiedad Comunitaria Indígena
A la vez, es necesario avanzar aún más en la protección del derecho de los pueblos indígenas a sus territorios. Además del necesario relevamiento de las tierras, el Estado debe sancionar una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Esta normativa permitirá asegurar definitivamente el derecho al territorio de las comunidades originarias, ya que garantiza el reconocimiento de su propiedad con carácter comunitario, y establece la imposibilidad de cesiones, ventas y desalojos posteriores. Por otra parte, el proyecto establece mecanismos de consulta previa, libre e informada a las comunidades, que las reconocen como sujetos de derecho y democratizan los procesos de participación. Sólo de esta manera se podrá satisfacer el mandato constitucional de reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas y asegurar, tras siglos de injusticias, la posesión de sus tierras ancestrales.
Conocer y reconocer a las comunidades indígenas y sus territorios son hoy las dos tareas que debe encarar de manera urgente el Estado. No hay tiempo para más demoras: los pueblos indígenas no pueden esperar más. Es por eso que junto a otras organizaciones, APCD exige que se complete el relevamiento de las tierras comunitarias y apoya la sanción de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Sumate vos también a este reclamo y compartí esta nota entre tus redes. ¡Justicia territorial para los pueblos indígenas ya!