El 28 de noviembre de 2007 se promulgó la ley 26331, más conocida como “Ley de Bosque Nativo”. Esta norma regula, en el ámbito nacional, el uso de los bosques nativos, promueve la gestión forestal sustentable, intenta reducir el impacto de los desmontes en los territorios y prevé la participación informada de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan a las áreas de bosque en las que residen.
Sin embargo, a trece años de su sanción, muchos de estos objetivos no se cumplieron. El Chaco Seco es la segunda biorregión más deforestada de América Latina por detrás de la Amazonía, la disparidad de criterios entre las provincias generó una gran fragmentación de las áreas boscosas, la tasa de deforestación aumentó desde el año 2015, casi la mitad de los pequeños productores agropecuarios de la zona despareció en los últimos 30 años y se siguen vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en el acceso al agua, los alimentos y en la posibilidad de recibir información y participar. En los últimos 25 años, sólo en la región chaqueña se desmontó una superficie de casi el triple de la provincia de Tucumán.
Es necesario exigir la plena vigencia de la Ley de Bosques por encima de los intereses económicos que favorecen los desmontes, la concentración económica, la pérdida de diversidad biológica y cultural y las migraciones internas. Se debe fomentar la participación ciudadana, y muy especialmente la de los pueblos indígenas, a través de un acceso a la información claro, oportuno, sencillo y adecuado, incluyendo la traducción a las lenguas indígenas y el trabajo interdisciplinario. Además, es necesario controlar y sancionar los desmontes ilegales, garantizar un presupuesto adecuado para la ejecución de la ley, realizar campañas de educación ambiental para el conjunto de la ciudadanía, y diseñar y ejecutar estrategias de desarrollo sustentable en las áreas boscosas del país.
Desde APCD integramos la Red Agroforestal Chaco Argentina y realizamos investigaciones y proyectos de desarrollo sustentable que permiten mejores oportunidades a los pueblos indígenas de Formosa en un marco de defensa, respeto y armonía con el medioambiente.
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